La detención de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Silvano Aureoles, pone de nuevo en el centro del debate la corrupción en Michoacán. Maldonado se suma a una larga lista de funcionarios que han ocupado esta posición y que han enfrentado sanciones, inhabilitaciones e incluso prisión por malos manejos de los recursos públicos. El patrón es claro: administración tras administración, la justicia alcanza primero a los encargados de las finanzas estatales.
Con la captura de Maldonado, ya son seis los extesoreros michoacanos detenidos por actos de corrupción, con acusaciones que abarcan peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. La cifra es escandalosa y refuerza la percepción de que el manejo financiero del estado ha sido un botín para quienes ostentan el poder.
El caso más reciente involucra un presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos en la construcción de cuarteles para la policía estatal. Maldonado fue aprehendido junto con otros tres exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles, todos ellos acusados de participar en un esquema de desvío de recursos mediante contratos con una empresa inmobiliaria beneficiada con adjudicaciones directas.
Pero este no es un hecho aislado. La historia reciente de Michoacán está plagada de episodios similares. Humberto Suárez López, quien fungió como tesorero durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, fue detenido en 2014 y posteriormente inhabilitado por seis años. Suárez enfrentó acusaciones por peculado y abuso de autoridad, aunque finalmente fue absuelto en 2015.
Mirella Guzmán Rosas, quien ocupó la Secretaría de Finanzas en el último año del gobierno de Godoy Rangel, acumuló ocho procedimientos administrativos y terminó detenida en 2024, acusada de enriquecimiento ilícito. Aunque posteriormente fue absuelta, su caso ilustra el nivel de opacidad con el que se han manejado las arcas públicas del estado.
Luis Miranda Contreras, titular de Finanzas en el gobierno priista de Fausto Vallejo, también fue acusado de peculado por 26 millones de pesos, aunque logró seguir su proceso en libertad. En tanto, Marcela Figueroa Aguilar, quien asumió la Secretaría de Finanzas durante el interinato de Jesús Reyna, tuvo que reintegrar más de 234 millones de pesos al erario público y fue inhabilitada por cinco años.
El patrón se repite con Miguel López Miranda, extesorero en la administración de Salvador Jara Guerrero, quien fue sancionado con una inhabilitación de ocho años y una sanción económica de más de 572 millones de pesos por permitir la cesión irregular de derechos sobre terrenos del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán.
La lista es extensa y evidencia un problema estructural que trasciende colores partidistas. La corrupción en la administración pública de Michoacán no distingue entre gobiernos perredistas, priistas o morenistas. La constante ha sido el desfalco y la impunidad.
El caso de Carlos Maldonado, al igual que los de sus predecesores, genera una interrogante inevitable: ¿hasta cuándo se repetirá este ciclo? La detención de altos funcionarios es un mensaje de que la impunidad podría estar llegando a su fin, pero la verdadera transformación no se dará hasta que se implementen mecanismos efectivos de control y fiscalización que prevengan estos desfalcos antes de que ocurran.
Mientras tanto, Michoacán sigue siendo rehén de la corrupción, y la confianza ciudadana en sus instituciones se erosiona con cada nuevo escándalo financiero. La justicia tiene la última palabra, pero la historia reciente nos recuerda que, en muchos casos, las sentencias quedan en nada y los responsables terminan absueltos o con sanciones que resultan irrisorias frente al daño causado. La ciudadanía merece respuestas y, sobre todo, un verdadero cambio en la gestión de los recursos públicos.
