En días pasados, la 75 Legislatura del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad el retiro voluntario del magistrado del Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, con una generosa pensión de 113 mil pesos mensuales. Este dictamen, elaborado por los diputados de la Comisión de Justicia, fue aprobado en la primera sesión extraordinaria llevada en el Congreso del estado.
La solicitud de retiro voluntario presentada por el magistrado el 11 de junio de 2024, recibió el visto bueno del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, tras las consideraciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 25 de junio del mismo año.
El retiro voluntario de Magaña de la Mora, se suma a una situación que genera aún más controversia: el magistrado asumirá en septiembre el cargo de diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con un sueldo mensual de 90 mil pesos.
Este doble beneficio económico, una pensión de más de cien mil pesos y un sueldo como diputado, plantea serias preguntas sobre la ética y la austeridad en el uso de los recursos públicos. En un contexto donde se pide a la ciudadanía y a diversas instituciones hacer sacrificios y ajustes presupuestarios, la generosa pensión y el salario de Magaña de la Mora parecen desentonar con los principios de austeridad que el gobierno tanto pregona.
La decisión de otorgar una pensión tan elevada, junto con un sustancioso sueldo como legislador, es una muestra preocupante de cómo los intereses personales pueden prevalecer sobre el bienestar común. La ciudadanía merece una explicación clara y una revisión profunda de las políticas que permiten tales beneficios, para garantizar que los recursos del estado sean utilizados de manera justa y equitativa.
Es fundamental que los representantes del pueblo actúen con transparencia y responsabilidad, asegurando que sus decisiones reflejen un compromiso real con el bienestar de todos los ciudadanos, y no solo con el de unos pocos privilegiados.