POr Carlos Monge
En los próximos días la deuda contratada por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla superará los 13 mil 700 millones de pesos, misma que asegura, deberá liquidar antes del 30 de septiembre de 2027 que termina su administración.
Vamos por partes.
Este martes 9 de julio el gobierno de Michoacán solicitó al Congreso local autorización para contratar “financiamiento” por 6 mil 236 millones de pesos, de los cuales, 1 mil 700 millones serían para el gobierno estatal y se contempla que los paguen antes de que concluya la administración de Ramírez Bedolla, con el equivalente al 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, conocido como FAFEF, que le corresponda al estado del 2025 al 2027.
El secretario de Finanzas, Luis Navarro García señaló que se trata de un adelanto de participaciones y que conforme la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Ley de Disciplina Financiera “no constituyen deuda pública ni al estado ni a los municipios”.
El recurso se destinará a obra pública y el gobierno estatal deberá licitar la contratación del financiamiento en la banca privada, con el consecuente pago de intereses. La presunta ventaja es que las obras se terminarán y quedarán pagadas antes de que concluya la actual administración.
En el caso de los 4 mil 536 millones de financiamiento restante, correspondería a créditos que podrían contratar los gobiernos municipales 2024-2027, en caso de que estén interesados en realizar el trámite y se pagarían a través del 25% de adelanto de dos fondos:
Uno, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por 2 mil 602 millones de pesos y otro, una línea para inversiones en favor del medio ambiente, por 1 mil 934 millones de pesos; en ambos casos deberán cubrir el financiamiento antes de que concluya su administración en 2027.
En el caso de los ayuntamientos, el uso del financiamiento dependerá de que lo soliciten y luego, de que puedan cumplir los requisitos para obtenerlo. Por lo pronto, el gobierno de Alfredo Ramírez se ha adelantado para dejarles esos millones ya disponibles, es decir, con la autorización de la 75 Legislatura local que se percibe, lo autorizará sin mayor conflicto.
En el caso de la administración que encabeza Alfredo Ramírez, ya estableció récord en la contratación de deuda; porque finalmente es deuda, se gastarán dinero por adelantado que tendrán que pagar con sus respectivos intereses.
La deuda vigente es de 12 mil 30 millones de pesos y se ha solicitado de la siguiente manera:
- 9 mil millones de pesos fueron autorizados el 21 de diciembre del 2022.
- 2 mil 560 millones de pesos, el 20 de diciembre del 2023.
- 470 millones de pesos que se autorizaron fuera de norma, en diciembre del 2021 porque no se cumplió la votación requerida, es decir, 2/3 partes de los diputados presentes, se aprobó dentro del paquete fiscal 2022 con mayoría simple y a pagarse en 6 años.
A ésta, seguramente se sumarán los 1 mil 700 millones de pesos recién solicitados para llegar a un total de 13 mil 730 millones.
Dicha deuda es adicional a los más de 19 mil millones de pesos que se deben a largo plazo y que reestructuró en marzo de 2023 el gobierno de Ramírez Bedolla, previa autorización del Congreso en julio de 2022.
Lo bueno del adelanto de participaciones o deuda que ha adquirido el gobierno estatal, es que podría aplicarse a la ejecución de infraestructura y obras multianuales inmediatamente, con lo que podrían lograr que el “ahorro” en costo de materiales y mano de obra sea mayor a los intereses que se pagarán por el “financiamiento”.
Y claro, que efectivamente la deuda se pague antes de que termine el gobierno de Ramírez Bedolla y no se repita la historia de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, que antes de irse “convencieron” a los entonces diputados locales de aprobarles más deuda de largo plazo. Ese riesgo, sin duda, está vigente.
Lo malo es que hay poca claridad en las obras que llevarán a cabo y del listado que han presumido constantemente, hay varios proyectos que difícilmente se ejecutarán, como el Metrobús del que dicen requiere una inversión de 3 mil 500 millones de pesos y terminar completo el anillo periférico de Morelia que requiere de unos 4 mil 500 millones.
Por ejemplo, en el caso del nuevo libramiento capitalino, señalaron que se compone de 7 tramos y Alfredo Ramírez comprometió terminarlo completo en diciembre de 2026, así lo dijo el 25 de septiembre de 2022.
Y con la facilidad que le caracteriza para mentir y comprometer su palabra sin escrúpulo alguno, el 22 de febrero de 2024 en la puesta en marcha del primer tramo dijo: “traigo a Luis Navarro y a Zarazúa, y a Gladyz, no les alcanzan las horas del día para que hagamos todo lo que tengamos que hacer para que este segundo anillo periférico lo vamos a entregar completito en el año 2027 antes de que deje la gubernatura. Lo vamos a concluir”.
Sin embargo, el propio Rogelio Zarazúa señaló apenas esta semana que, si acaso van a terminar la mitad, es decir, conectar la salida a Pátzcuaro con las de Quiroga, Salamanca, Charo y Mil Cumbres, para dejar pendiente el sur de la capital. Aun así, parece bastante ambicioso.
Conste, son equipo, pertenecen al mismo gobierno y cada cual trae sus datos.
Alfredo Ramírez dijo también el 13 de febrero de 2023, que en los siguientes 4 meses se desarrollarían las licitaciones para que en julio estuvieran licitadas todas las obras multianuales aprobadas por el Congreso. Mintió.
En el caso del Teleférico de Uruapan, primero señalaron que costaría entre 2 mil 600 a 3 mil millones de pesos, luego que más de 3 mil millones, después que 3 mil 200 millones como lo señalan en su portal de internet y en la presentación ante diputados informaron que serán 3 mil 286 millones, así de claros.
Además, Ramírez Bedolla ufano señaló que cada obra la realizarían entre 12 y 18 meses. De este compromiso, ya ni hablar.
El colmo es que la nueva solicitud de deuda al Congreso no incluye el listado de obras al que presuntamente destinarán el recurso, pero como ya pasó con las otras solicitudes, para los legisladores son asuntos menores, así que se las autorizarán.
Conste, del presunto listado anterior, varios proyectos que utilizaron como argumento, no se van a llevar a cabo.
En fin, ojalá que todo fluya de la mejor manera para los michoacanos, es decir, que la mayoría del recurso se destine a obras, que las terminen en tiempo y queden bien, y que efectivamente haya un ahorro.
Sin embargo, la sospecha advierte que cuando menos el 10 por ciento de la inversión podría destinarse al clásico “moche” y queda la posibilidad de que, para lo que no puedan pagar, contraten más deuda a largo plazo; Ramírez Bedolla tendrá la ventaja de contar con una mayoría de legisladores aliados y en la Auditoría Superior de Michoacán, con su compadre.