A casi tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, en Michoacán esta práctica aún es considerada un delito contra la vida. A pesar de los avances legales a nivel nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa obligada a investigar a mujeres que recurren a métodos ilegales para interrumpir su embarazo, exponiendo así su salud y vida.

Según datos proporcionados por la Fiscalía, en los últimos cinco años se han registrado 98 carpetas de investigación relacionadas con este tema, lo que evidencia la persistencia de esta problemática en la entidad. En particular, en el municipio de Morelia, la Fiscalía inició 46 carpetas de investigación, lo que representa más del 46% del total de casos registrados en el estado durante este periodo.
Sin embargo, Morelia no es el único municipio afectado por esta situación. Localidades como La Piedad, Uruapan, Nocupétaro, Zitácuaro, Pátzcuaro, Charo y Huetamo también han reportado un número significativo de casos de aborto. En Huetamo, por ejemplo, se registraron 2 casos de aborto en el mismo periodo de 5 años, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática a nivel local.
Es importante destacar que, a pesar de que el Código Penal de Michoacán contempla cinco causales de exclusión de responsabilidad penal para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, como la violación o la precaria situación económica, estas causas deben estar debidamente justificadas, lo que puede resultar en un obstáculo adicional para las mujeres que buscan acceder a este derecho.
Por otro lado, el Código Penal sí establece sanciones para aquellos que participan en el proceso de interrupción del embarazo, especialmente si se trata de profesionales de la salud. Estas sanciones van desde la prisión hasta la suspensión para el ejercicio de su profesión.
A pesar de las amenazas legales, las cifras muestran que las mujeres continúan buscando formas de evitar el embarazo no deseado, incluso poniendo en riesgo su vida al recurrir a métodos inseguros. Mientras tanto, en lugares como la Ciudad de México, se garantiza el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Michoacán enfrenta el desafío de armonizar su ley local con la legislación federal, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. Esta decisión, tomada hace casi tres años, responde al reconocimiento del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales.