Luego de una audiencia que se prolongó por más de 11 horas, un juez federal determinó vincular a proceso al exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, identificado como Juan “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este jueves, en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dentro de la causa penal 501/2025. El juez de control Miguel Ángel Henríquez Rodríguez estableció además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, fijando como fecha límite el próximo 16 de junio.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), únicamente logró sustentar el delito de abuso de autoridad, pese a que inicialmente se imputaban también intimidación y robo calificado.
El juzgador consideró que los hechos registrados el pasado 2 de noviembre en Palacio de Gobierno configuran abuso de autoridad, al acreditarse que la comunicadora fue objeto de actos de violencia y trato indebido mientras documentaba una intervención policial en el contexto de una protesta, sin que existiera justificación legal para impedirle realizar su labor periodística.
Asimismo, el juez señaló que existen indicios suficientes para establecer la posible participación del exfuncionario en calidad de coautor, al actuar de manera conjunta con otros elementos de seguridad y no intervenir para evitar la agresión.
En contraste, el delito de robo calificado no fue acreditado, luego de que la defensa argumentara la ausencia de elementos que demostraran la intención de apropiarse del teléfono celular de la periodista. El órgano jurisdiccional coincidió en que no existen pruebas que sustenten la sustracción del dispositivo ni un propósito de despojo.
De igual forma, fue descartado el delito de intimidación, al no acreditarse que la periodista estuviera recabando pruebas con el fin de denunciar conductas indebidas por parte de los elementos policiales.
En cuanto a las medidas cautelares, el juez ordenó al imputado abstenerse de acercarse a la víctima y le instruyó a cumplir con todas las comparecencias judiciales. Aunque no se le impuso restricción para salir del país, se le advirtió que el incumplimiento de las condiciones podría derivar en la imposición de prisión preventiva.
Con esta determinación, el proceso penal continuará exclusivamente por el delito de abuso de autoridad, en tanto se desarrolla la etapa de investigación complementaria que permitirá definir si el caso es llevado a juicio.