Víctor Báez Ceja exhorta a los titulares de la PGR y SSP a acatar cabalmente el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos

El diputado federal en el Congreso de la Unión Víctor Manuel Báez Ceja, arribó a tribuna durante la sesión del pasado martes, para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, en donde exhortó a Arturo Chávez Chávez, Procurador General de la República y a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública, a cumplir cabalmente con los ordenamientos de ley y con las disposiciones constitucionales en el ejercicio de sus funciones y en el respeto a los derechos básicos de los ciudadanos.

Así mismo, señaló a ambos funcionarios a que den cumplimento a la recomendación 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual señala entre otras violaciones a los derechos humanos las siguientes:

Dip. Víctor Manuel Báez Ceja.
Dip. Víctor Manuel Báez Ceja.

a).- Violaciones al debido proceso legal, en los cateos de los domicilios de los ciudadanos Citlalli Fernández González, Gabriel Mariano Gaona y Lorenzo Rosales Mendoza sin que mediara orden expedida por autoridad competente.

b).- Violaciones al derecho a la legalidad, consistentes en introducirse ilegalmente en diversos edificios públicos del Estado de Michoacán, atribuibles a servidores públicos de la denominada Policía Federal Preventiva.

c).- Violaciones al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo primero, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

d).- Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante la autoridad ministerial del conocimiento, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva.

e).- Ausencia de una defensa adecuada porque no se les permitió a los agraviados ni a sus abogados el acceso a la consulta de las constancias que integran las causas penales, sino hasta después de que se dictó el auto de formal prisión, y no se les informó de las conductas delictivas que se les imputaron, así como el nombre de las personas que depusieron en su contra.

Tampoco contaron con abogado desde el momento de su detención, ni se desahogaron diversas pruebas sin la presencia de sus abogados defensores, por lo que no han podido ejercitar su derecho a una defensa adecuada.

Con la presente es ya la octava ocasión que el legislador hace uso de la tribuna de la máxima soberanía en casi dos meses de ejercicio legislativo.

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