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Deben ir más allá de posiciones partidistas y aspiraciones electorales.
- Se instaló el Comité Estatal de Transparencia del programa Canasta Básica Alimentaria.
- El objetivo es buscar el uso transparente de Canasta Básica Alimentaria.
Morelia, Mich.- Durante la toma de protesta al Comité Estatal de Transparencia del Programa de Canasta Básica Alimentaria -para el cual este año se destinaron 143 millones de pesos-, el gobernador Leonel Godoy Rangel se pronunció porque los programas sociales sean, más allá de posiciones partidistas y aspiraciones electorales, una política de Estado.
Godoy Rangel señaló que en torno al fortalecimiento de la democracia en la República es preciso ir cada día más a que los programas sociales sean una política de Estado, irlos separando de los gobiernos en la coyuntura en que les corresponde a determinado partido gobernar en una entidad o en el país.
Ese es el objetivo final, subrayó, que los programas sociales sean una política de Estado más allá de legítimas posiciones partidistas y de aspiraciones electorales.
Consideró que el comité al que este día se le tomó protesta debe de trabajar con ese criterio, y en ese sentido señaló el cómo transparentar cada vez más las políticas públicas, permitir que la sociedad se entere de lo que se hace en la materia.
Asimismo, resaltó, cómo mejorar los procedimientos para que sean imparciales y se tengan cada vez más políticas públicas de cara a la sociedad y que los programas sociales tengan una característica que esté por encima de las aspiraciones partidistas.
El objetivo principal del comité, dijo, es buscar el uso transparente de los programas, como el de la Canasta Básica Alimentaria, que tiene el gobierno del Estado y resaltó el que las secretarías de Política Social (SEPSOL) y la de Salud se hayan vinculado para ver ciertas condiciones que tienen que ver con los adultos mayores.
Ante alcaldes, académicos, empresarios y funcionarios estatales, Godoy Rangel añadió que programas sociales como Canasta Básica, Utiles Escolares, Crecer y otros, cuesta mucho trabajo mantenerlos pues no hay recursos, pero, pese a ello, la decisión de su administración es sostenerlos.
El acta de instalación del comité señalado la signaron, como testigo de honor, el gobernador Leonel Godoy Rangel, y también la firmaron la maestra Ana María Martínez Cabello, consejera presidenta del Instituto para la Trasparencia y el Acceso a la Información; Francisco Mora Ciprés, alcalde de Jiquilpan y Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro.
En el evento, Selene Vázquez Alatorre, titular de la SEPSOL, especificó que Canasta Básica Alimentaria es un programa que se trabaja con los 113 ayuntamientos y sufrió algunos cambios en sus reglas de operación dirigidos s resaltar la transparencia en su aplicación y dar cuentas claras a la sociedad.
Desde el inicio de la administración de Godoy Rangel, añadió, se han dado pasos significativos para hacer más fidedigna la entrega de un apoyo que va dirigido a un sector especialmente vulnerable e importante como son los adultos mayores en condiciones de pobreza alimentaria.
Con el objetivo de transparentar aún más ese esquema social, dijo, desde el 2009 se inició un programa de credencialización -se lleva un avance del 80 por ciento en un padrón de 151 mil adultos mayores-, para verificar que los recursos lleguen efectivamente a quien los necesita.
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, la credencial tendrá en la parte posterior datos médicos del beneficiario que pudieran servir para la atención pronta del portador del documento.
Aunado a ello, agregó, se instauró la figura de la Contraloría Social lo que implica la participación de la sociedad civil en la evaluación del padrón y en la validación, lo que representa un paso esencial en la transparencia de ese programa.
Rodrigo Gómez Monge, investigador de la Universidad Michoacana y representante del sector académico, luego de dar algunos datos sobre la situación de la pobreza en México y Michoacán, estableció que el principal desafío del comité es contribuir al fortalecimiento de la política pública integral que respete y garantice los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, respaldada por una normatividad adecuada a nivel estatal y mediante correctos mecanismos de seguimiento, transparencia y evaluación en los que participen la sociedad civil, la academia y el gobierno.
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