El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Delgado Arroyo, señaló que 23 aspirantes a cargos de elección popular en Michoacán recibieron protección de las fuerzas de seguridad del estado ante las amenazas que han recibido por parte de grupos delincuenciales.
El representante del INE en el estado desglosó que de esos 23 aspirantes, cuatro son candidatos federales quienes solicitaron protección de las autoridades estatales por algún tipo de riesgo durante este proceso electoral.
Además, 13 precandidatos a cargos locales pidieron la custodia, al igual que otros seis aspirantes, quienes presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) su solicitud como parte del protocolo de seguridad que ya está activado en Michoacán a través del esquema nacional del propio INE.
Delgado Arroyo también comentó que el protocolo de protección para candidatos ya fue presentado en la pasada mesa de gobernabilidad, mismo que está teniendo varias modificaciones por las observaciones que harán los partidos políticos, pero que este tema en particular está avanzando en el estado.
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, refirió que el objetivo de dicho protocolo que se encuentra ya planteado en la mesa de gobernabilidad, tiene el objetivo de otorgar seguridad a los candidatos y precandidatos que lo soliciten a través de las autoridades estatales sobre algún riesgo que adviertan en estas elecciones.
Hurtado Gómez, indicó que el protocolo fue propuesto por el gobierno de Michoacán, pero que el documento va de la mano con lo que se estableció a nivel federal en conjunto con el INE y con protocolos anteriores que se ya se habían utilizado. Michoacán es uno de los estados más violentos para aspirantes a cargos en el presente proceso.
Además, 22 aspirantes de cinco partidos políticos renunciaron a contender en la elección en el estado por temor a los grupos criminales, uno buscaba una diputación local y los otros 21 alguna de las presidencias municipales.
Michoacán está bajo asedio de la delincuencia organizada, sobre todo en la zona de Tierra Caliente en donde las últimas semanas han muerto militares a consecuencia de las minas y ataques con drones cargados de explosivos.
