Con sustento en los convenios de colaboración entre las Procuradurías de Justicia de Michoacán y Guerrero, elementos de la Policía Ministerial del Estado y sus similares de aquella entidad, en operativo conjunto lograron detener a cuatro integrantes de una banda de asaltantes que operaba en zonas limítrofes de ambos territorios.
Los detenidos se identificaron como Ricardo Iván García Sandoval, Pedro González Ramírez y Gulfredo Pineda Contreras, de 24, 20 y 29 años de edad, respectivamente; los dos primeros tienen en su domicilio en la ranchería “Paso de Arena”, del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, mientras que el último dijo residir en Altamirano. Los presuntos responsables están relacionados en la averiguación previa penal número 07/2009-I, instruida en el distrito judicial de San Lucas, por el delito de asalto, en agravio de Donaciano Alonso Torres y otro.
Los acusados fueron reconocidos plenamente por el agraviado, como los autores del asalto que sufrió el pasado cuatro de marzo, cuando circulaba sobre el tramo carretero San Lucas-Riva Palacio, a la altura de Casa Blanca, a bordo de un auto Nissan tipo Tsuru, propiedad de la empresa cigarrera para la cual labora como agente de ventas. Dijo que los delincuentes lo amagaron y despojaron del vehículo y de la cantidad de nueve mil pesos, producto de las ventas del día.
A los asaltantes se les aseguró un rifle de postas, sin marca ni matrícula visibles; un cuchillo de caza y un vehículo de la marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo 1991, color gris oscuro, sin placas de circulación. Las armas también fueron reconocidas por el afectado como las utilizadas por éstos para amenazarlo y robarle el automóvil y el efectivo.
De igual forma, elementos ministeriales del Estado de Guerrero informaron que los ahora detenidos se encuentran relacionados en siete averiguaciones previas penales instruidas en esa entidad, por el delito de asalto y otros ilícitos. Los indiciados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien a su vez los consignó ante la autoridad penal competente para que les sea definida su situación jurídica.
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