El personal de base y de confianza de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió un pronunciamiento a la opinión pública ante la omisión, desde el mes de mayo, de la Secretaría de Finanzas y Administración en la entrega de los recursos que fueron autorizados para este año por el Congreso de Michoacán para la operatividad del organismo; situación que además deriva en el adeudo de dos quincenas a los trabajadores de la institución.
Tras una reunión que sostuvo el Consejo de la CEDH, integrado por el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora y los consejeros Mónica Gabriela Andrade Molina, Sonia Zavala López y Juan Guillermo Cuevas Toledo, con el personal de la institución; se determinó exigir de manera pública el respeto a la autonomía del órgano constitucional, toda vez que la falta de recursos ya empieza a reflejarse en la operatividad de la Comisión al no contar con dinero para la realización de los trámites propios para la integración de las quejas, desahogo de audiencias, revisiones a estancias de adultos mayores, de niñas, niños y adolescentes, albergues de jornaleros y población privada de su libertad, entre otros.
Situación que además trasgrede los derechos humanos y laborales de quienes se desempeñan en todas las áreas: de orientación, capacitación, difusión y divulgación, de atención a grupos vulnerables, de equidad entre mujeres y hombres, atención médica y psicológica, visitadurías regionales, administrativas, recursos humanos y materiales, de transparencia, archivo, jurídicas, técnicas y de limpieza.
A pesar de ello, el organismo seguirá laborando bajo el compromiso de la defensa y protección de los derechos humanos de los michoacanos, a la espera de que al gobierno de la entidad le sea prioritario cumplir con una tarea que tiene encomendada y que está encaminada también a la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos.
Es de mencionar que el documento se remitirá al Gobierno del Estado de Michoacán, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Congreso del Estado de Michoacán.
