En los próximos meses se espera que el resto de los ex funcionarios que siguen presos en el penal de Mil Cumbres salgan en libertad, sin embargo, urgen acciones y reformas al código de procedimientos penales, para que la figura del testigo protegido se eliminen y se debe revalorar las pruebas con las cuales se sustentan los procesos a objeto de modificarlos si no son las correctas o carecen de sustentabilidad, y es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal revise el actuar de sus magistrados, especialmente de quien emitió las órdenes de aprehensión en contra los ex servidores públicos, ya que es claro que se careció de elementos.
Lo anterior lo expresó, el diputado local, Antonio García Conejo, integrante de la comisión especial para la atención de los ex funcionarios detenidos en el michoacanazo, quien demandó que se revise el actuar del magistrado que giró las órdenes de aprehensión, ya que quedó evidenciado que las pruebas que valoraron están poco sustentadas y se echaron abajo porque carecen de sustento.
En nuestro país, comentó, la autoridad no puede ni debe actuar de manera ilegal en contra de los ciudadanos, y menos el acusar a un individuo sin tener las pruebas y si se está fallando en ello, urge que se tomen cartas en el asunto, a fin de no atentar en contra la propia Constitución y los derechos de los ciudadanos.
En definitiva, dijo, no puede quedar en la impunidad el actuar de los magistrados, porque es evidente que las pruebas que valoraron para encarcelar a los ex funcionarios carecieron de sustento y es apremiante hacer una revaloración.
Por ello, aplaudió el hecho de que el Congreso de la Unión demande una investigación contra el juez que giró las órdenes de aprehensión del michoacanazo, Carlos Elorza Amores.
Si las resoluciones que emitió el magistrado fueron revocadas, sostuvo, es evidente que no se procedió de la manera correcta y ello, no puede dejarse así, sin castigarse y sancionarse, a quien hace uso indebido de su función.
Asimismo, lamentó que a los ex funcionarios hoy en libertad y que fueron detenidos en el michoacanazo aún no se les repare el daño que se les ocasionó tanto a ellos como a sus familiares, al haber desprestigiado y calumniado ante la opinión pública y al haberlos privado de su libertad.
El hecho de que se esté dejando en libertad a un número importante de los detenidos, es muestra clara de que en nuestro país se debe revisar las figuras de arraigo y testigo protegido.
Reiteró que el hecho de que se esté liberando a los ex funcionarios, demuestra que su detención se debió a un a una estrategia política-electoral y de que todos son inocentes.
Finalmente, confió en que pronto saldrán en libertad el resto de los ex funcionarios y alcaldes que siguen presos, no obstante, ante lo ocurrido urge que en nuestro país se revise a fondo la reforma judicial, sobre todo las figuras de arraigo y testigo protegido, ya que está demostrado que en México con estas figuras han servido para abusar del poder y atentar contra los derechos de los ciudadanos.
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