Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha sido escenario de una preocupante escalada de violencia política, con siete alcaldes asesinados desde octubre de 2021. El caso más reciente es el de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan por Morena, quien fue ejecutado el pasado 1 de noviembre en pleno acto público, mientras encabezaba el arranque de un festival cultural en el centro de la ciudad.
De acuerdo con registros periodísticos y fuentes oficiales, Manzo Rodríguez fue atacado a balazos por sujetos armados frente a decenas de personas. El hecho causó conmoción estatal y reavivó los reclamos ciudadanos por mayores condiciones de seguridad para los funcionarios municipales.
El homicidio del alcalde de Uruapan se suma a una lista que incluye a Enrique Velázquez Orozco (Contepec, PRI), César Arturo Valencia Caballero (Aguililla, PVEM), Guillermo Torres Rojas (Churumuco, PRI), Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, PAN), Salvador Bastida García (Tacámbaro, Morena) y Martha Laura Mendoza Mendoza (Tepalcatepec).
Los asesinatos ocurrieron en distintos puntos del estado, sin una aparente línea partidista, lo que evidencia que la violencia contra autoridades locales trasciende filiaciones políticas. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas mientras realizaban actividades públicas o en trayectos dentro de sus municipios.
A esta cifra se suma la desaparición de Gilberto Mejía Salgado, presidente municipal electo de Penjamillo por el Partido Encuentro Solidario (PES), quien fue visto por última vez en junio de 2021 y continúa sin ser localizado.
Organismos civiles y analistas han advertido que Michoacán vive una de las etapas más críticas en materia de seguridad para sus autoridades municipales. La Fiscalía General del Estado ha informado sobre el avance de diversas investigaciones, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones relevantes por los homicidios de los alcaldes.
Con el asesinato de Carlos Manzo, Michoacán confirma su posición como una de las entidades más violentas para el ejercicio del servicio público, en un contexto donde los gobiernos locales continúan siendo el primer frente de impacto del crimen organizado y la inseguridad estructural.
