En un hecho inédito, 21 ediles michoacanos solicitaron el amparo de la justicia federal, en contra de actos de los Jueces Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado, Agentes Primero y Segundo Investigadores del Ministerio Público Federal, Delegado de la Procuraduría General de la República y Comandante de la Vigésima Primera Zona Militar, todos con residencia en la capital del Estado.
En la lista de acuerdos publicada el día 5 de junio del 2009 del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, aparecida en el portal http://www.dgepj.cjf.gob.mx/Internet/Acuerdo/ListaConsultasFinal.asp, se establece que 21 ediles priístas se les concedió la protección de la federación, de los 35 alcaldes que originalmente solicitaron tal resguardo federal, dejando en depósito la cantidad de 105 mil pesos en efectivo.
El amparo fue solicitado el día 28 de mayo del presente año, dos días después del megaoperativo en la entidad, por parte del edil de Múgica, Armando Medina Torres, representante de los otros 35 mandatarios municipales de extracción priísta.
Los ediles que requirieron el amparo además de Medina Torres, de Múgica, son: Alejandro Avilés Valadez, Sixto Verduzco; Cristóbal Quintero Miranda, Ecuandureo; Everardo Cruz García, Turicato; Francisco Guerrero Chávez, Nuevo Parangaricutiro; Francisco Ocampo Jaimes, Tuzantla; Francisco Villa Guerrero, Nocupétaro; Guillermo Oropeza Torres, Ixtlán de los Hervores.
Además de Horacio Colón Ortiz, Susupuato; Ignacio Ramos Medina, Tingüindín; José Artemio Castillo Reyes, Jacona; Juan Yépez Ramírez, Charo; Miguel Amezcua Manzo, Tangamandapio; Miroslava Meza Virrueta, Gabriel Zamora; Pedro Villalobos Bautista, Chilchota; Raymundo Alcaraz Andrade, Alvaro Obregón; Roberto Bautista Chapina, Cherán; Roberto García Sierra, Huetamo; Salomón Fernando Rosales Reyes, La Huacana; Salvador Bastida García, Tacámbaro y Santiago Alejandro Amezcua Sánchez, Sahuayo.
Cabe señalar que el tricolor cuenta con 54 ediles electos en 2007, de los cuales dos fueron ejecutados, seis se encuentran bajo arraigo de la Procuraduría General de la República, por sus presuntos nexos con el narco y 21 más ahora solicitaron amparo de las autoridades federales.
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