En los primeros 11 días del año 2024, Michoacán se encuentra en medio de una espiral de violencia que ha dejado a la sociedad sumida en el temor. La estrategia adoptada por las autoridades federales y estatales parece haber fracasado estrepitosamente, otorgando a la delincuencia organizada un control alarmante sobre la región.
Los datos revelan una realidad desgarradora: 65 vidas han sido segadas en actos violentos sin que se haya logrado la captura de un solo responsable. En un Michoacán pintado por la muerte, la impunidad parece ser la norma, generando un clima de inseguridad generalizada.
A pesar de la creación de la Guardia Civil bajo el mandato del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, las acciones de este cuerpo parecen limitarse a ser meros espectadores ante los hechos delictivos. La reciente ola de violencia en la capital michoacana, con 19 personas asesinadas, incluyendo dos mujeres baleadas, evidencia la falta de autoridad efectiva en la región.
El caso más impactante en estos días ha sido el fusilamiento de cuatro individuos con armas largas, a escasos pasos del Bicentenario, en los límites de Morelia y Tarímbaro. Este suceso destaca la ausencia de control y la vulnerabilidad de la población ante la creciente violencia.
La estrategia fallida del gobierno estatal ha colocado a Michoacán entre las entidades más violentas del país. A pesar de los llamados de la ciudadanía para obtener resultados contundentes en materia de seguridad, las autoridades parecen más preocupadas por los comicios venideros que por la protección de los michoacanos.
La sociedad michoacana exige respuestas y acciones concretas ante esta escalada de violencia que amenaza con desestabilizar la región. La seguridad ciudadana debe ser prioridad absoluta, y es imperativo que las autoridades adopten medidas efectivas para restablecer el orden y brindar tranquilidad a una población que clama por un cambio significativo en la estrategia gubernamental.
