Los 11 elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo, señalados por la Fiscalía General del Estado por su presunta vinculación con el crimen organizado, recuperaron su libertad el pasado miércoles 18 de marzo, tras permanecer alrededor de un mes bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con información oficial del proceso, el Ministerio Público concedió a los imputados la suspensión condicional del proceso, figura jurídica contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este recurso permite interrumpir temporalmente el curso del procedimiento penal, siempre y cuando los acusados cumplan con una serie de condiciones establecidas por la autoridad judicial.
En ese sentido, el artículo 195 del citado ordenamiento establece que el Juez de Control determinará el plazo de dicha suspensión, el cual no podrá ser menor a seis meses ni mayor a tres años, además de fijar las condiciones que deberán acatar los imputados. Entre estas disposiciones se encuentran la obligación de mantener un domicilio fijo, contar con empleo, abstenerse de portar armas, no salir del país sin autorización, permanecer bajo supervisión judicial y, en general, acreditar un modo honesto de vida.
Pese a la relevancia del caso, hasta el momento la representación social no ha emitido un posicionamiento público en torno a la aplicación de este recurso legal, el cual fue solicitado por el propio Ministerio Público y avalado por la autoridad judicial.
La liberación de los policías ocurre en un contexto marcado por señalamientos previos, en los que se les vinculaba con presuntas comunicaciones con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la posesión de insignias alusivas a dicho grupo delictivo. Asimismo, trascendió que entre los detenidos había al menos 11 personas originarias del estado de Jalisco, seis de ellas con el apellido Valencia, además de un individuo procedente del municipio de Zacapu.
De igual forma, durante el desarrollo del caso se difundieron versiones que apuntaban a una supuesta participación de los ahora liberados en bloqueos carreteros ocurridos tras reportes sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En el plano jurídico, los imputados enfrentaban cargos por narcomenudeo. No obstante, bajo el argumento de un posible riesgo a la seguridad nacional, se restringió el principio de publicidad del proceso penal en etapas previas. Finalmente, la resolución judicial que permitió su liberación bajo condiciones abre la posibilidad de que no sean considerados de alta peligrosidad, en tanto continúan sujetos al cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad.
