Luego de transcurrir 22 días de su captura, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó la noche del jueves a 27 de los 30 servidores públicos detenidos el pasado 26 de mayo, quienes ya fueron trasladados al penal de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, según lo informó el titular de esa dependencia, el procurador Eduardo Medina Mora.
La PGR los ha encontrado culpables de aprovecharse de su calidad de servidores públicos, y abusar de su función, para beneficiar diversas actividades del crimen organizado, específicamente a favor de la organización denominada La Familia.
Dentro de la lista de los 27 inculpados se encuentran siete alcaldes; cinco colaboradores cercanos al gobernador Leonel Godoy; así como Jaime Liera Alvarez, juez de primera instancia, siendo el único funcionario del Poder Judicial incriminado.
El procurador Medina Mora informó que los presidentes municipales de Aquila, Buenavista y Coahuayana, José Cortés Ramos, Osvaldo Esquivel Lucatero y Audel Méndez Chávez, respectivamente, continuarán bajo arraigo “a efecto de agotar las investigaciones que permitan resolver sobre su situación jurídica”, puntualizó.
La mayoría de los servidores públicos consignados fueron detenidos el pasado 26 de mayo –día también llamado por algunos como el martes negro- en un operativo simultáneo que se realizó en varios municipios del Estado, con excepción del procurador y ex subprocurador, que fueron aprehendidos cuando se presentaron a comparecer voluntariamente.
Los 30 servidores públicos se encontraban bajo arraigo por 40 días desde el pasado 29 de mayo hasta que este jueves, un juez de distrito con sede en Nayarit, libró las 27 órdenes de aprehensión “por considerar que se reúnen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y su probable responsabilidad”, puntualizó Medina Mora. El juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales competente en Nayarit libró las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público de la Federación en contra de los ahora inculpados.
En tal virtud, se solicitó a la autoridad judicial que ordenase el levantamiento del arraigo respecto de los inculpados antes referidos, a fin de que fueran ejecutadas las órdenes de aprehensión correspondientes y realizar su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 4, en el Estado de Nayarit.
Formalmente, la consignación de los 27 detenidos es por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, agravados por su calidad de servidores públicos, así como por delitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar su comisión.
Tras dar a conocer las consignaciones mencionadas, Eduardo Medina Mora enfatizó que “con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República refrenda su inalienable compromiso de llevar ante la justicia Federal a toda persona que colabore con la delincuencia organizada, incluyendo a los servidores públicos que falten a su compromiso de servir a la sociedad”.
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