La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá a un juez federal que imponga al excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés la prisión preventiva como medida cautelar, en el proceso que enfrenta por haber recibido presuntamente un soborno de 6 millones 800 pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Así lo da a conocer la madrugada de este lunes el diario Milenio, que asegura que la intención de la Fiscalía es que Anaya sea internado en el Reclusorio Norte para enfrentar su proceso tras las rejas, al igual que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.
De acuerdo con el rotativo, que cita fuentes del gobierno federal, la FGR pedirá al juez de control del Reclusorio Norte que Anaya comparezca físicamente al centro penitenciario tras la audiencia de imputación que se llevará a cabo este lunes a las 9 de la mañana vía remota.
Con la prisión preventiva, la Fiscalía pretende que Anaya no escape. Funcionarios federales dijeron al diario que es la misma estrategia utilizada en el caso del exsenador panista Lavalle Maury, a quien luego de comparecer por videoconferencia se le pidió que acudiera físicamente y, una vez en la penitenciaría, se le dictó la prisión preventiva justificada.
La audiencia prevista para este lunes será por videoconferencia, aunque el juez advirtió que Anaya debe estar en territorio mexicano y en compañía de su defensa jurídica.
“Los funcionarios consultados mencionaron que si el excandidato presidencial no comparece, la FGR pedirá que se le declare sustraído de la justicia. Posteriormente, pedirá que se gire una orden de aprehensión, lo que también abre la puerta para que se pida a Interpol la emisión de una ficha roja para su localización y captura”, menciona el reporte del periodista Rubén Mosso.
A principios de octubre, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, decidió aplazar la audiencia del excandidato, quien será imputado por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entonces, la defensa del panista argumentó que la FGR le había dado poco tiempo para estudiar la carpeta de investigación de más de mil fojas. El abogado defensor, Eduardo Aguilar Sierra, argumentó que, al no tener la posibilidad analizar el contenido de la carpeta, al que recientemente tuvo acceso, se le negaba a su cliente el derecho a una defensa adecuada.
