El violento atentado con coche bomba ocurrido el sábado 6 de diciembre en Coahuayana, Michoacán —frente a la sede de la policía comunitaria—, que cobró la vida de al menos cinco personas y dejó decenas de heridos, provocó una abrupta corrección en la forma en que las autoridades investigan el caso. Lo que inicialmente fue calificado como “terrorismo” por la FGR, fue reclasificado como “delincuencia organizada”.
De acuerdo con un comunicado reciente, la FGR informó que la pesquisa se abrirá bajo ese nuevo marco legal —delincuencia organizada— y no bajo la figura de terrorismo, aunque no detalló los argumentos técnicos o periciales que motivaron el cambio.
En videoconferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la oficina a su cargo deberá ofrecer claridad sobre el criterio adoptado. “Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía”, declaró ante los medios.
Sheinbaum adelantó que en la próxima reunión de su gabinete de seguridad podría ofrecerse un informe más detallado sobre los hechos, con base en peritajes, registro de cámaras y el contexto que dio lugar a la detonación. Subrayó que —para definir legalmente el tipo de delito— es imprescindible conocer con precisión la causa, la mecánica del estallido y la identidad de los responsables.
Hasta ahora, las autoridades federales han desplegado 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizan diligencias científicas, forenses y criminalísticas en la zona.
La reclasificación ocurre en un contexto de creciente alarma social por la violencia en Michoacán, especialmente en municipios como Coahuayana, donde operan grupos del crimen organizado. Algunos analistas atribuyen el ataque al control territorial y las disputas por recursos entre grupos delincuenciales.
El cambio de “terrorismo” a “delincuencia organizada” arroja dudas sobre los criterios utilizados por la FGR y pone de relieve la necesidad de transparencia en los procesos de investigación. Para muchos especialistas y ciudadanos, esa definición penal influye en la ruta procesal, las sanciones posibles y en la percepción pública del hecho: ¿fue un ataque selectivo, con impacto social amplio y política criminal (terrorismo), o un acto de violencia organizada vinculada al narcotráfico?
En ese sentido, la exigencia de la presidenta de que la FGR explique el ajuste no solo se dirige a una cuestión técnica o legal, sino al compromiso de rendición de cuentas. La sociedad demanda saber «qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables».
