El legislador Antonio García Conejo, exhortó a los diputados federales que forman parte de la Comisión Especial para la atención de los ex funcionarios detenidos en el michoacanazo a unir esfuerzos y trabajar de manera conjunta con el Congreso Local como en su momento se acordó, con el objetivo de obtener mejores resultados.
En ese sentido, el legislador consideró que no es de forma individual, ni por separado como se obtendrán mejores resultados, además, de que el compromiso tanto con los detenidos como con familiares de los mismos, es trabajar de manera coordinada para que su voz y sentir pueda ser realmente escuchado.
Afirmó que la postura de los legisladores de la Comisión Especial para la atención de los detenidos, en la LXXI Legislatura, siempre ha manifestado su disponibilidad de trabajar en el tema de manera conjunta con el Congreso de la Unión y demás instituciones y organizaciones interesadas en el caso, por lo cual, sorprende que en las últimas reuniones realizadas para tal acción no se tomara en cuenta al Congreso Local.
Por ello, exhortó a sus homólogos federales a sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada, en beneficio de los hoy presos, quienes requieren de qué sus procesos se agilicen y no sigan estancados. No obstante, celebró la buena disposición de los diputados federales en el tema y los logros que ya se han obtenido, sin embargo, se necesitan más acciones porque la situación jurídica de la mayoría de los detenidos en los mega operativos sigue sin resolverse.
Por ello, recalcó que para los diputados del PRD se debe reparar el daño y reivindicar la imagen pública con el mismo alcance con el cual se les afectó en algunos medios de comunicación por el gobierno federal a los ex funcionarios, principalmente a los que hoy están libres.
Señaló “es vergonzoso que la federación no reconozca su error y no pida una disculpa pública”. Indicó que la postura de la comisión es que se revise de manera pronta y expedita los casos de los ex funcionarios que siguen presos, pues está comprobado que las detenciones del michoacanazo fueron una violación a los derechos humanos y carecen de sustento legal y no hay elementos suficientes para juzgarlos y culparlos de un delito.
En tanto, la fracción del PRD en el Poder Legislativo, demanda que se atiendan en su totalidad las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo en relación a las violaciones que se cometieron contra los ex funcionarios durante los operativos del llamado michoacanazo.
No dudo señalar que las detenciones del pasado 26 de mayo y del 29 de junio, carecieron de sustento, ya que la autoridad federal no respetó lo que establece la propia Constitución, por lo que debería castigarse penalmente a las autoridades que actuaron de manera ilegal en contra de los ex funcionarios michoacanos, sin elementos suficientes para su detención, demostrando la irresponsabilidad con la que actúa la fuerza pública federal y los ineficientes mecanismos mediante los cuales se administra la justicia en el país.
[ad#468×60-1]
