Junio de 2025 se registró como un mes de violencia sin precedentes en Michoacán, con un saldo de dos alcaldes asesinados, cinco policías abatidos, 12 mujeres víctimas de feminicidio y 92 homicidios dolosos adicionales, de acuerdo con cifras compiladas por diversas autoridades.
El mes comenzó con el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec a inicios de junio, un crimen que conmocionó por su brutalidad y la exposición pública de la víctima y su familia. Apenas unos días después, fue emboscado y ejecutado el presidente municipal de Tacámbaro, junto a su escolta.
Cinco agentes perdieron la vida en enfrentamientos con células del narcotráfico, mientras que en territorios como Los Reyes se detectó el uso de minas terrestres artesanales. La militarización de los cárteles y el empleo de armas de uso exclusivo del Ejército han marcado un alarmante desborde del poder criminal.
En medio de esta violencia generalizada, al menos 12 mujeres fueron asesinadas, casos tipificados como feminicidio. Activistas locales alertan que la violencia por razones de género ha experimentado un repunte escandaloso, reflejo de la crisis de seguridad y las fallas en mecanismos de protección.
Apatzingán, Morelia y Uruapan: epicentros de violencia
- Apatzingán registró al menos 10 homicidios en junio, incluidos múltiples asesinatos en menos de medio día, con tasas de violencia que superan ampliamente las medias estatales.
- Morelia, con una larga trayectoria de violencia, continúa liderando el número de asesinatos en zonas urbanas, según estadísticas oficiales.
- Uruapan ha visto crecer el nivel bélico: su alcalde denunció la existencia de campamentos entrenados por mercenarios colombianos y venezolanos, armados con armas de alto calibre, lo que dejó en evidencia una confrontación abierta entre organizaciones criminales.
El recrudecimiento de la violencia responde a la intensificación del conflicto territorial entre grupos como el CJNG, Los Viagras, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Estas organizaciones han desplegado tácticas militares y bloqueos en carreteras, creando zonas de control y aislamiento.
Ante este escenario, autoridades estatales y federales han respondido con operativos de seguridad, cateos y detenciones de presuntos exmilitares contratados como sicarios. Sin embargo, la percepción ciudadana es una de impunidad y abandono, señalando que las acciones estatales llegan tarde y sin estrategia de contención efectiva.
Junio de 2025 marca un punto crítico en Michoacán, con una violencia cuyos efectos se extienden desde autoridades hasta la población civil más vulnerable. El desafío requiere una reacción coordinada y urgente: despliegue policial adecuado, investigación profesional, políticas de protección de género, atención a desplazados y un fortalecimiento real del Estado de derecho.
