Un total de nueve elementos de la Guardia Civil de Michoacán se encuentran bajo investigación y a disposición de las autoridades por su presunta participación en diversos casos de extorsión contra ciudadanos, informó el secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina.
De acuerdo con la información oficial, las detenciones se han registrado en al menos dos eventos distintos ocurridos en la capital michoacana durante el último mes, lo que ha derivado en la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El caso más reciente fue dado a conocer el pasado 24 de enero de 2026, cuando cinco elementos de la Guardia Civil, entre ellos una mujer, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la extorsión a un comerciante en Morelia. Las víctimas presentaron su denuncia ante la FGE, señalando que los agentes les habrían exigido la cantidad de 20 mil pesos, monto que fue asegurado al momento de la detención.
Asimismo, se informó sobre la detención de otros cuatro policías estatales por su probable responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de dos personas de nacionalidad extranjera, también en la capital del estado. La Fiscalía General del Estado precisó que los hechos ocurrieron el lunes 29 de diciembre, cuando los elementos fueron sorprendidos en flagrancia mientras presuntamente exigían dinero a las víctimas.
En este segundo caso, la FGE inició la correspondiente carpeta de investigación contra Bárbara Aidee “N”, de 35 años; Carlos Alberto “N”, de 23 años; José “N”, de 25 años; y Sebastián “N”, de 21 años. De acuerdo con las indagatorias, los agentes habrían amenazado a una pareja, presuntamente de origen centroamericano, con deportarlos a su país si no entregaban una fuerte suma de dinero.
Las autoridades estatales señalaron que, con estos casos, suman nueve policías detenidos en el transcurso de un mes por delitos similares en Morelia. Los señalamientos coinciden en un presunto modus operandi relacionado con abuso de autoridad, cobro de “cuotas” y extorsión a ciudadanos, incluyendo comerciantes y personas extranjeras.
