Una jueza federal concedió una suspensión provisional que protege por el momento a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, de la captura de nuevas órdenes de aprehensión en su contra.
Los actos que se reclaman son distintos a la orden que ya se conoce, por un supuesto quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.
La demanda de garantías fue presentada el pasado 14 de agosto y se admitió a trámite un día después. Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, concedió la medida cautelar y fijó una garantía de 100 mil pesos que deberá cubrir en el plazo de cinco días, a partir de su legal notificación.
En la demanda, el ex mandatario estatal solicitó la protección de la justicia contra cualquiera de las órdenes de aprehensión, de detención, comparecencia, es decir, de mandamientos nuevos.
La juzgadora solicitó a diversas autoridades, entre ellas, a la Fiscalía General de la República (FGR) para que rindan sus informes justificados.
El día 22 de agosto está programada la audiencia en la que la impartidora de justicia definirá si otorga la suspensión definitiva.
Cabe mencionar que, en junio pasado, Jovita Vargas rechazó amparar al ex mandatario contra la orden de aprehensión emitida por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivado del probable quebranto de 3 mil 412 millones de pesos.
El ex funcionario impugnó y el recurso de revisión fue turnado al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual tiene pendiente por estudiar y resolver el caso.
En su sentencia, la juzgadora señaló que la decisión de Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente, de conceder la orden de captura está fundada y motivada.
“Lo anterior, porque de los mismos se desprende su directa participación en los hechos descritos por la representación social, como la persona que probablemente desde 2016 hasta 2021, como gobernador del estado de Michoacán, con otros servidores públicos federales (siete), de manera conjunta, dolosa y continuada, realizó actos encaminados a suscribir contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, mantenimiento y posterior adquisición, respecto de siete cuarteles de seguridad pública que fueron desarrollados en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, a favor de Inmobiliaria DYF, Sociedad Anónima de Capital Variable, pese al conocimiento que esta moral no contaba con los años de experiencia, infraestructura ni propiedades en los cuales supuestamente ofertó su servicio”, detalla el fallo.
Desde hace dos años, la FGR comenzó a planear la detención del ex gobernador de Michoacán, y de siete de sus ex colaboradores.
