Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, con lo cual se beneficiará a cerca del 65 por ciento de la población.
Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, enumeró los beneficios de la reducción de la jornada laboral, como disminuir fatiga y accidentes, mejorar la salud y seguridad en el trabajo, y la ayuda para equilibrar la vida personal y laboral.
“Queremos que sea un derecho blindado en la Constitución que no dependa de la voluntad de nadie, la jornada de 40 horas debe quedar en la letra constitucional, es una vieja demanda obrera de la clase trabajadora en su conjunto”, destacó.
Y aclaró que “va a proteger el ingreso, en ningún momento la reducción implicará reducción de sueldo, salario o prestaciones”.
Al presentar el dictamen a nombre de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, recordó que desde la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución de 1917, el artículo 123 sentó las bases de los derechos laborales, incluida la jornada de trabajo, producto —dijo— de la lucha obrera y no de concesiones del poder.
Destacó que la reforma contempla una implementación gradual, a fin de permitir una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos y no comprometa la economía nacional. “Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor”, enfatizó.
Desde la oposición, la senadora priista Cristina Ruiz criticó a Morena y aliados al acusarlos de mentir sistemáticamente y de pretender impulsar lo que calificó como “la reforma del cansancio y de la explotación”.
Señaló que la verdadera demanda social es una jornada de cinco días laborales y dos días de descanso, con menos horas extras y mejor remuneradas, además de sanciones reales para los empleadores que incumplan. “Cambiarle el nombre al esquema no significa que el trabajador descanse más”, advirtió.
En una posición intermedia, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, confirmó que su bancada votará a favor de la reforma constitucional, pero señaló que el dictamen es insuficiente.
Coincidió en la necesidad de reducir la jornada laboral, pero cuestionó que no se garantice constitucionalmente el derecho a dos días de descanso, que se abaraten las horas extras y que la aplicación plena se postergue hasta 2030.
El senador del PAN, Marko Cortés, adelantó que su grupo parlamentario respaldará la reforma, al considerarla un paso en la dirección correcta y alineado con estándares internacionales promovidos desde hace décadas por la OIT.
No obstante, también la calificó como una “justicia a medias”, al señalar que más del 50 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no se beneficiará de inmediato.
Cortés cuestionó la gradualidad hasta 2030 y la falta de estímulos fiscales para micro y pequeñas empresas, además de exigir que el Senado declare de inmediato la constitucionalidad de una reforma previa al artículo 123 en materia salarial para los trabajadores del Estado.
