Tras la detención de cuatro colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la oposición en el estado ha vuelto a poner en el debate público el caso del actual secretario de Finanzas y Administración de la entidad, Luis Navarro García, por el presunto desvío de 2 mil 604 millones de pesos.
De acuerdo con información publicada por el reportero Manuel Espino, del diario El Universal, políticos locales han señalado que en la cuenta pública de 2022, presentada por Navarro García, se registró un excedente de 3 mil 23 millones 958 mil pesos. Conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (LDF), dichos recursos debieron destinarse prioritariamente al pago de la deuda pública. Sin embargo, estos fondos quedaron «a disposición», lo que ha generado cuestionamientos sobre su paradero y uso.
El Artículo 14, Fracción I, de la LDF estipula que al menos el 50 % de los ingresos excedentes derivados de recursos de libre disposición deben aplicarse a la amortización de deuda pública, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulares y otras obligaciones financieras de las entidades federativas.
Documentos difundidos por medios locales revelan que Navarro García no habría cumplido con esta disposición, ya que solo destinó 418 millones 884 mil 810 pesos al pago de la deuda, cuando el monto mínimo requerido era de aproximadamente mil 500 millones de pesos. Esto ha dejado sin un destino claro un total de 2 mil 604 millones de pesos, lo que ha suscitado críticas y exigencias de transparencia en la administración estatal.
El tema ha cobrado mayor relevancia tras la reciente captura de Mario Delgado Murillo, quien se desempeñó como delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas y Administración durante el mandato de Aureoles Conejo y permaneció en la gestión de Alfredo Ramírez Bedolla. Su vínculo con Navarro García ha reforzado las dudas sobre el manejo de los recursos financieros en la actual administración, en un contexto de deuda significativa para el estado.
