Desde el inicio del primer gobierno federal encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en diciembre de 2018, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha atravesado uno de los periodos de modificación más intensos desde su promulgación en 1917. En poco más de siete años, Morena y sus aliados legislativos —principalmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— han promovido y aprobado un número de reformas constitucionales que no tiene precedente en la etapa contemporánea del país.
De acuerdo con el seguimiento legislativo del Congreso de la Unión y recuentos periodísticos especializados, entre el 1 de diciembre de 2018 y enero de 2026 se han aprobado 63 reformas constitucionales, las cuales han modificado un total de 106 artículos de la Constitución y dos artículos transitorios. Esta cifra representa aproximadamente 69.6 por ciento del articulado constitucional vigente, considerando los artículos que han sido reformados al menos una vez durante ese periodo.
Las reformas se aprobaron a lo largo de las Legislaturas 64, 65 y 66, con mayorías calificadas construidas por el bloque oficialista tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Una parte sustancial de estas modificaciones tuvo su origen en iniciativas del Poder Ejecutivo federal, primero durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente en el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras que el resto fue impulsado directamente por legisladores de Morena y sus aliados.
En términos temáticos, las reformas constitucionales abarcan prácticamente todos los ejes centrales del Estado mexicano. Entre los cambios más relevantes se encuentran las modificaciones al artículo 4, que ampliaron el catálogo de derechos sociales al incorporar el derecho a pensiones para adultos mayores, apoyos sociales, becas, vivienda, acceso al agua y otros componentes del llamado Estado de bienestar. También destacan las reformas al artículo 127, que establecieron límites salariales para los servidores públicos, y al artículo 28, que reforzaron la prohibición de condonar impuestos y redefinieron el papel del Estado en sectores estratégicos.
En materia de seguridad y organización del Estado, se aprobaron reformas constitucionales que dieron sustento legal a la Guardia Nacional y posteriormente permitieron su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que implicó ajustes en diversos artículos relacionados con seguridad pública y fuerzas armadas. A ello se suman cambios en artículos vinculados con la prisión preventiva oficiosa, ampliando el catálogo de delitos que ameritan esta medida.
El bloque oficialista también impulsó reformas en áreas consideradas estratégicas, como el control estatal de recursos naturales, la protección del litio, la prohibición del maíz transgénico y el reconocimiento constitucional de los maíces nativos, así como disposiciones para recuperar la operación estatal de servicios públicos como los trenes de pasajeros. En el ámbito de derechos, se incorporaron modificaciones relacionadas con el acceso universal a internet, la protección de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, y nuevas obligaciones del Estado en materia de bienestar social.
Uno de los cambios más controvertidos corresponde a la reforma al Poder Judicial, que abrió la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, implicando modificaciones a diversos artículos constitucionales vinculados con la estructura y funcionamiento del sistema de justicia.
Aunque el número total de artículos reformados asciende a 106, especialistas y medios coinciden en que no existe, hasta ahora, un documento público único que concentre y enumere de manera ordenada cada uno de los artículos modificados, con su respectiva fecha y decreto, dentro del periodo 2018-2026. Las reformas constitucionales se encuentran dispersas en decenas de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el conteo total proviene de la suma de modificaciones registradas en distintos momentos legislativos, sin que ello signifique que todos los artículos hayan sido reformados simultáneamente o por un mismo tema.
Con este volumen de cambios, el periodo iniciado en 2018 se perfila como uno de los más dinámicos en términos de transformación constitucional. Para sus promotores, las reformas han permitido adecuar la Carta Magna a un nuevo modelo de desarrollo con mayor énfasis en derechos sociales y control estatal. Para sus críticos, la frecuencia y amplitud de los cambios plantea riesgos para la estabilidad constitucional y el equilibrio entre poderes.
En cualquier caso, el balance legislativo confirma que Morena y sus aliados han dejado una huella profunda en el texto constitucional, configurando un marco jurídico que marcará la vida política e institucional de México en las próximas décadas.
