La Diputada Tere Herrera plantea reformas para fortalecer la protección de menores en procesos judiciales
Con el objetivo de garantizar una participación más segura, accesible e incluyente de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos judiciales, la diputada local Teresita Herrera Maldonado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la propuesta busca consolidar en la legislación estatal mecanismos que permitan a los menores de edad y a las personas con discapacidad intervenir en los procesos jurisdiccionales bajo condiciones que privilegien su seguridad, bienestar y pleno acceso a la justicia.
Entre las medidas planteadas se contempla la creación de condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus opiniones de manera libre y protegida, mediante espacios especializados, ajustes razonables y criterios claros para la toma de decisiones por parte de las autoridades judiciales.
Herrera Maldonado destacó que, particularmente en los asuntos de carácter familiar, las resoluciones tienen un impacto directo en la vida de los menores, por lo que resulta fundamental garantizar entornos de confidencialidad y accesibilidad que eviten cualquier afectación adicional durante su participación en los procedimientos.
La diputada subrayó que escuchar la voz de los menores es indispensable para la impartición de justicia, siempre tomando en cuenta su edad y nivel de madurez, pero procurando en todo momento evitar situaciones de revictimización.
Asimismo, explicó que aunque actualmente existen espacios especializados para la atención de menores involucrados en procesos judiciales, su funcionamiento depende de decisiones administrativas y no de una obligación establecida en la ley, situación que limita su aplicación de manera uniforme.
Por ello, la iniciativa propone incorporar estas disposiciones al marco jurídico estatal, con la finalidad de que los mecanismos de protección y atención especializada sean permanentes, obligatorios y accesibles para todas las niñas, niños y adolescentes que deban intervenir en un juicio.
La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y eventual discusión por parte de las comisiones correspondientes.