Este viernes 27 de marzo, un juez de Control giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 policías estatales, por su presunta responsabilidad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del estado: la masacre de Arantepacua.
Los delitos que hoy los persiguen —homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura— no son menores. Son la confirmación jurídica de lo que durante casi nueve años denunció una comunidad indígena que nunca dejó de exigir justicia.
Pero faltan: señalan también a Adrián López Solís, exfiscal General del Estado de Michoacán y exsecretario de Gobierno durante la masacre, que por años ha sido señalado de omiso; Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales, funcionarios involucrados y señalados por los habitantes.
El 5 de abril de 2017, Arantepacua no solo fue reprimida: fue violentada por el Estado. Cuatro comuneros fueron asesinados —José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna— y decenas más resultaron heridos en medio de un operativo policial que, lejos de restablecer el orden, dejó una herida abierta en Michoacán.
Entre las víctimas estaba Luis Gustavo, un joven de apenas 18 años, estudiante de la Universidad Michoacana. Su muerte no solo indignó: simbolizó el costo humano de decisiones tomadas desde el poder.
Hoy, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, sostiene que existen elementos suficientes para fincar responsabilidades. Y con ello, el caso da un giro: de la denuncia social a la acción judicial.
