El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el financiamiento público destinado a los partidos políticos para el ejercicio 2026, el cual asciende a 7 mil 737 millones de pesos.
De acuerdo con la distribución, Morena será el instituto político con mayor presupuesto, al recibir 2 mil 615 millones de pesos; el PAN obtendrá 1 mil 297 millones; el PRI 982 millones; el Partido Verde 832 millones y el Partido del Trabajo 670 millones.
Además, el INE autorizó un presupuesto institucional cercano a 15 mil millones de pesos para proyectos operativos, sujeto a ajustes finales, así como un fondo precautorio de 3 mil 119 millones para una eventual consulta popular, que únicamente se utilizaría si dicho ejercicio ciudadano se concreta.
Durante la sesión también se modificó el presupuesto asignado a la Unidad de Género, decisión que fue aprobada con seis votos a favor y cinco en contra.
El debate sobre los recursos públicos puso de manifiesto posturas encontradas entre partidos y consejeros. Víctor Hugo Sondón, del PAN, defendió el modelo de financiamiento como una medida para evitar el ingreso de dinero ilícito y garantizar la equidad en los procesos electorales. Por su parte, Marcela Guerra, del PRI, advirtió que una reducción en los recursos podría debilitar el pluralismo y abrir la puerta a intereses del crimen organizado o corporaciones extranjeras.
En contraste, Guillermo Santiago, de Morena, sostuvo que la reforma electoral debe contemplar una disminución en el financiamiento público, en respuesta a las demandas ciudadanas de eliminar privilegios partidistas. En la misma línea crítica, Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, cuestionó el alto costo de Morena desde 2016 y pidió reglas más simples y transparentes.
Desde el Consejo General, Uuc-kib Espadas alertó que limitar la pluralidad electoral pondría en riesgo la integridad de los comicios, calificando como “demagogia” la propuesta de recortar el presupuesto del instituto.
Este debate refleja las tensiones entre la austeridad y la necesidad de preservar la transparencia y equidad democrática en el sistema electoral mexicano.
