Un inquietante episodio de violencia de género y presunta protección institucional ha sacudido a la comunidad, tras conocerse que un funcionario de la Fiscalía General del Estado, identificado como José Alonso N., agredió brutalmente a su ex pareja sentimental, dejándola en estado crítico y hospitalizada por varios días. La gravedad de las lesiones –seis fracturas en rostro y cráneo– ha obligado a la víctima a permanecer en convalecencia, de no haber sido por la oportuna intervención de familiares y vecinos, podría haberse cobrado su vida.
Los hechos se dieron a conocer el pasado 16 de enero, cuando José Alonso N. recogió a la víctima en el municipio de Ciudad Hidalgo, mientras ésta disfrutaba de una comida junto a una amiga. Posteriormente, ambos se trasladaron a Zitácuaro, donde una discusión alimentada por celos derivó en un intento de violación. Ante la férrea resistencia de la víctima, el agresor procedió a golpearla violentamente en la cara y cabeza, propinándole además repetidas patadas mientras se encontraba derribada, amenazando incluso con acabar con su vida en ese preciso instante.
La desesperada petición de auxilio de la mujer fue escuchada por quienes se encontraban en el lugar, permitiendo su rescate inmediato por parte de familiares y vecinos, justo antes de que perdiera el conocimiento. En medio de la conmoción, elementos de la policía municipal detuvieron al agresor en flagrancia; sin embargo, la decisión de liberarlo sin ponerlo a disposición del Ministerio Público ha generado alarma, pues actualmente se encuentra prófugo, lo que incrementa el riesgo de que vuelva a atacar a su ex pareja.
La denuncia correspondiente ha sido presentada por la víctima bajo el cargo de tentativa de feminicidio, mientras que familiares y grupos de derechos humanos han elevado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Según las declaraciones, el director de Seguridad Pública, José Israel Villanueva Arreola, mantiene estrechos vínculos de amistad con el agresor, habiendo laborado ambos en la Fiscalía Regional de Zitácuaro, en la dependencia del ex fiscal Francisco Herrera Franco, destituido posteriormente por corrupción y supuestos nexos con organizaciones delictivas.
La situación se agrava aún más ante la presunta inacción de ciertos elementos del Ministerio Público, en particular de la agente Ana Karen G., quien debía acudir al nosocomio para recabar la querella de la víctima, pero que, según informes, no se presentó. Este hecho ha generado fuertes críticas, evidenciando que la pertenencia del agresor a la Fiscalía pudo haberle conferido una protección indebida, facilitando su fuga y la evasión de la justicia.
Familiares de la víctima y representantes de diversas organizaciones han exigido que el Fiscal General, Maestro Adrián López Solís, actúe de manera contundente para sancionar a los funcionarios involucrados y garantizar una investigación exhaustiva de los hechos.
