Familiares de trabajadores fallecidos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) denunciaron la falta de cumplimiento en el pago de prestaciones y seguros de vida reconocidos en la ley y en el contrato colectivo de trabajo, obligaciones que —afirman— han permanecido sin resolverse durante años.
Durante su pronunciamiento público, las y los afectados señalaron que, pese a contar con oficios de autorización y documentación emitida por la propia institución, la administración universitaria no ha liberado los recursos correspondientes a los derechos laborales adquiridos por quienes dedicaron décadas de servicio a la casa de estudios.
Explicaron que los conceptos reclamados —entre ellos seguro de vida y pago de marcha— están estipulados en el contrato colectivo, el cual fija plazos legales de 15 y 7 días, respectivamente, para ser cubiertos. Sin embargo, expusieron que algunos expedientes permanecen inmovilizados desde 2018, sin avances ni respuesta institucional.
Los familiares lamentaron que, tras múltiples trámites y solicitudes formales, la rectoría únicamente los canaliza con distintas áreas sin ofrecer fechas concretas de pago. Incluso, denunciaron que a algunos beneficiarios se les ha llegado a indicar que regresen “en dos años”. Añadieron que desde la Tesorería se les informó que la cuenta destinada a estos pagos se encuentra bloqueada por instrucción de la máxima autoridad universitaria.
A este escenario, sumaron un impacto emocional y económico: familias que permanecen en duelo, adultos mayores enfermos que dependen de estas prestaciones y casos donde los beneficiarios fallecieron sin poder cubrir tratamientos médicos. “Los recursos que reclamamos fueron generados por nuestros familiares; retenerlos es re-victimizarnos”, manifestaron.
Entre los testimonios, se mencionaron casos de docentes y trabajadores con trayectorias de décadas, así como fundadores de escuelas y programas universitarios, cuyos beneficiarios continúan a la espera de pagos ya autorizados. Cuestionaron que la actual administración universitaria busque deslindarse al atribuir la responsabilidad a rectorías anteriores, cuando —subrayaron— la obligación es institucional y tiene continuidad jurídica.
El grupo identificó hasta ahora 33 expedientes en trámite; no obstante, estiman que la cifra real podría superar las 150 personas, lo que equivaldría a una deuda aproximada de 130 millones de pesos. En promedio, cada familia debería recibir entre 300 mil y 500 mil pesos, dependiendo de la categoría laboral del trabajador fallecido.
Las familias exigieron a la rectoría, al Gobierno del Estado y a autoridades federales reconocer públicamente la deuda y establecer un calendario de pagos verificable. Asimismo, llamaron a la comunidad universitaria y a las organizaciones sindicales a no ignorar un problema que —advirtieron— podría dejar en vulnerabilidad a cualquier familia universitaria si no se soluciona.
Aclararon que no representan intereses partidistas y que su demanda es exclusivamente de justicia laboral. En su pronunciamiento, concluyeron que mantendrán su organización y acciones públicas hasta obtener una respuesta efectiva y no promesas pospuestas.
