La reciente decisión de la Secretaría de Cultura de Michoacán de establecer un tabulador de precios para la renta de recintos culturales ha generado un fuerte debate en la capital del estado. Lo que en el discurso oficial se presenta como una medida para obtener ingresos destinados al mantenimiento de estos inmuebles, en la práctica ha encendido cuestionamientos sobre una posible privatización del patrimonio público.
El listado dado a conocer muestra cifras que van desde 4,500 pesos por la terraza de la Casa-Taller Alfredo Zalce hasta 250,000 pesos por la renta de la fachada del Centro Cultural Clavijero, uno de los espacios más emblemáticos de Morelia. Entre los costos más altos destacan los 150,000 pesos por el Patio Principal con Portales del mismo Clavijero; 90,000 por el Patio Principal de la Casa de la Cultura de Morelia; 85,000 por el Patio Principal del Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro y 90,000 por su Jardín o Huerto.
La polémica no se limitó al terreno del debate. El artista y activista moreliano Julio Ambriz, conocido como “Juan Maíz”, fue detenido luego de manifestarse frente al Centro Cultural Clavijero en rechazo a esta política. El acto, con el que buscaba visibilizar el descontento ciudadano, terminó con una sanción por “falta administrativa por afectación al patrimonio”, además de una multa y la obligación de cumplir trabajo comunitario.
La titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís, defendió la medida asegurando que se trata de un esquema “reglamentado” y “blindado”. Sin embargo, para amplios sectores de la comunidad cultural, el argumento económico no alcanza a justificar que los espacios públicos se abran a intereses privados bajo criterios de mercado. La pregunta que queda en el aire es si el acceso a la cultura en Morelia será un derecho o un privilegio condicionado por la capacidad de pago.
La tensión exhibe un dilema de fondo: si los recintos culturales deben ser gestionados como simples inmuebles que generan recursos o si, por el contrario, su valor social y simbólico debe prevalecer sobre cualquier lógica monetaria. La detención de Ambriz, más allá de un acto administrativo, refuerza el temor de que se intente silenciar la crítica en torno a un asunto que toca de lleno a la esencia del patrimonio colectivo.
