El diputado local Juan Carlos Barragán propone elevar el acceso al agua como derecho humano
Con el objetivo de reforzar la protección jurídica del acceso al agua, el diputado local Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa que plantea reconocer este recurso como un derecho humano fundamental y establecer que su gestión se realice con prioridad en las necesidades de la población, la preservación ambiental y la distribución equitativa.
Durante la exposición de la propuesta, el legislador sostuvo que el agua no debe ser considerada únicamente como un servicio sujeto a cobro, sino como un elemento indispensable para garantizar condiciones dignas de vida, salud y bienestar para la ciudadanía.
En ese contexto, señaló que persisten problemas de abastecimiento en distintos sectores de la capital michoacana, donde habitantes enfrentan interrupciones frecuentes en el suministro. Asimismo, cuestionó la respuesta del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), al considerar que no se han solucionado las deficiencias estructurales relacionadas con la distribución del recurso.
Barragán afirmó que numerosas familias continúan recibiendo los cobros correspondientes al servicio pese a padecer periodos prolongados sin acceso regular al agua potable, situación que, dijo, genera inconformidad entre los usuarios.
El diputado también hizo referencia a las afectaciones registradas durante la temporada de lluvias en diversas zonas de Morelia, particularmente en áreas donde se desarrollaron nuevas vialidades. Indicó que las precipitaciones han evidenciado carencias en la infraestructura para el manejo y desfogue de aguas pluviales, provocando inundaciones y daños materiales.
A decir del legislador, la falta de planeación hidráulica en algunos proyectos urbanos ha derivado en riesgos para la población, por lo que consideró necesario revisar la ejecución de dichas obras y, en su caso, investigar posibles irregularidades.
La iniciativa busca impulsar un esquema de administración del agua enfocado en la sostenibilidad, la protección de los ecosistemas y la garantía efectiva de este derecho para la población michoacana.