El proceso de credencialización del denominado Servicio Universal de Salud en México ha comenzado en medio de cuestionamientos, luego de que se estableciera que, en su fase inicial, el trámite está dirigido exclusivamente a personas de 85 años o más.
Aunque el programa ha sido presentado como un mecanismo para garantizar atención médica universal y homologar servicios entre instituciones públicas, la decisión de acotar el acceso en esta primera etapa ha generado inconformidad entre sectores de la población que esperaban una implementación más amplia e incluyente.
De acuerdo con la información difundida, los módulos de registro ya operan en distintas entidades del país con horarios establecidos, donde se recaban datos personales, biométricos y documentación oficial para integrar un expediente clínico digital. Sin embargo, la restricción por edad ha sido interpretada como una barrera que limita el alcance inmediato del programa.
Especialistas y ciudadanos han señalado que, si bien priorizar a adultos mayores puede responder a criterios de vulnerabilidad, enfocar el arranque únicamente en personas de 85 años o más reduce significativamente el impacto de una estrategia que se promueve como “universal”.
Además, se advierte que este esquema podría generar saturación posterior en los módulos, una vez que se amplíe la convocatoria a otros grupos etarios, lo que pondría a prueba la capacidad operativa anunciada por las autoridades.
El programa contempla la emisión de una credencial con datos médicos, identificación y acceso a servicios en instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar; no obstante, su alcance real dependerá de la rapidez y transparencia con la que se amplíe el registro al resto de la población.
Por ahora, la implementación parcial deja abierta la discusión sobre si el modelo responde a una estrategia progresiva bien estructurada o a limitaciones operativas que contrastan con el discurso de cobertura universal.
