A un año del asesinato de Carlos Manzo, suman 34 detenidos; la Fiscalía de Michoacán reporta 90% de avance en la investigación

Uruapan, Mich., 1 de noviembre de 2026.- A un año del asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido durante las celebraciones de Día de Muertos, las investigaciones han dejado 34 personas detenidas, de las cuales al menos 29 han sido vinculadas a proceso. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que el esclarecimiento del crimen registra un avance del 90 por ciento, aunque todavía existen diligencias pendientes antes de concluir las indagatorias.

Este domingo se cumple el primer aniversario luctuoso del exalcalde, quien fue atacado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en el Festival de Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. Su homicidio provocó movilizaciones ciudadanas y exigencias de justicia que continúan un año después.

De acuerdo con los resultados presentados por las autoridades ministeriales, entre los 34 detenidos se encuentran presuntos responsables de planear, coordinar y facilitar el atentado, así como integrantes de una estructura criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las principales detenciones destaca la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio y líder regional de una célula criminal. También figura Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado, identificado como uno de los presuntos encargados de organizar y coordinar el ataque.

Las investigaciones alcanzaron además a integrantes del círculo cercano de Carlos Manzo, entre ellos elementos de su equipo de seguridad y funcionarios municipales, señalados por su posible participación en la filtración de información, omisiones o encubrimiento.

Una de las detenciones más recientes ocurrió el jueves 29 de octubre, cuando fue arrestada Rosa Alejandra “N”, quien se desempeñaba como secretaria de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Respecto al móvil del asesinato, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y encargado del despacho de la Fiscalía michoacana, explicó que las líneas de investigación apuntan a una represalia del crimen organizado por las acciones emprendidas por el entonces alcalde contra grupos delictivos que operaban en Uruapan.

Según la explicación ministerial, uno de los antecedentes relevantes fue la detención de René “N”, alias El Rhino, identificado como integrante de una organización criminal. La Fiscalía sostiene que, hasta el momento, no ha encontrado elementos que permitan establecer un móvil político detrás del homicidio.

En cuanto al desarrollo de las investigaciones, la institución reportó aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de grabaciones, 120 audiencias judiciales, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.

Pese a estos avances, todavía está pendiente cumplimentar una orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del alcalde. También falta incorporar al expediente los teléfonos celulares que pertenecieron a Manzo y que, según la Fiscalía, se encuentran en poder de su viuda, Grecia Quiroz García, actual presidenta municipal de Uruapan.

La dependencia considera que estas diligencias son importantes para concluir la investigación correspondiente a los delitos del fuero común. Sin embargo, el avance del 90 por ciento no significa que el caso esté jurídicamente cerrado ni que todas las personas investigadas hayan recibido sentencia.

Mientras tanto, para este domingo se encuentra convocada una marcha ciudadana por la justicia y la paz en Uruapan, en memoria del exalcalde, cuyo asesinato continúa siendo motivo de exigencias de esclarecimiento y sanción a los responsables.

A doce meses del crimen, el caso Carlos Manzo llega a su primer aniversario con 34 detenidos, una investigación ministerial próxima a concluir y procesos judiciales que todavía deberán determinar la responsabilidad penal de los implicados.