27 hombres y 11 mujeres se disputan nueve años de poder al frente de la FGE de Michoacán

Morelia, Mich., 14 de noviembre de 2026.— Treinta y ocho personas se registraron para encabezar durante nueve años la Fiscalía General del Estado (FGE), una institución cuya conducción implica poder de decisión sobre la investigación de delitos y la procuración de justicia en Michoacán. La concurrencia obliga a colocar bajo escrutinio tanto las trayectorias de los aspirantes como los criterios con los que se elegirá al próximo fiscal. El registro cerró el viernes 13 de noviembre con 27 hombres y 11 mujeres inscritos.

Nueve años representan un periodo superior al de una gubernatura. Por ello, la selección exige algo más que expedientes completos y acuerdos entre diputados: requiere demostrar quién cuenta con experiencia, resultados e independencia para ejercer una responsabilidad que puede trascender administraciones y coyunturas políticas.

Entre los inscritos figuran José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública estatal, y Azucena Marín Correa, magistrada en materia anticorrupción y exsecretaria de la Contraloría. La participación de perfiles que han formado parte del gobierno estatal vuelve especialmente relevante examinar cómo garantizarían una actuación independiente frente al Ejecutivo y los grupos políticos. Su procedencia institucional no los descalifica, pero tampoco sustituye la evaluación de sus resultados.

La abundancia de aspirantes tampoco garantiza, por sí misma, una mejor Fiscalía. El punto central será conocer qué hicieron quienes ya tuvieron responsabilidades públicas, qué deficiencias reconocen en la institución y qué compromisos verificables proponen para atender a las víctimas, fortalecer las investigaciones y evitar que los expedientes dependan de influencias.

El procedimiento mantiene una intervención determinante del gobernador y del Congreso. Después de revisar los documentos y realizar las comparecencias, la Comisión de Justicia deberá integrar una lista de diez personas; el Ejecutivo escogerá una terna y el pleno legislativo hará la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Este mecanismo obliga a exigir explicaciones públicas sobre cada filtro. Los ciudadanos deben poder conocer por qué una persona resulta mejor evaluada que otra, qué antecedentes se revisaron y cómo se ponderaron su experiencia, capacidad y autonomía. Sin esa información, las comparecencias corren el riesgo de convertirse en una formalidad previa al acuerdo político.

La nueva selección ocurre después de la renuncia de Carlos Torres Piña, aprobada por el Congreso el primero de octubre. El antecedente deja otra cuestión que debe formar parte del debate: cómo asegurar continuidad institucional cuando un nombramiento de largo plazo termina anticipadamente.

Hay 38 personas interesadas en ocupar el despacho. La responsabilidad del Congreso será acreditar cuál puede responder a las exigencias del cargo y explicar su decisión con argumentos que puedan ser revisados por la sociedad. Nueve años de autoridad sobre la procuración de justicia merecen una evaluación proporcional al poder que se entregará.

Relación completa de aspirantes y antecedentes

Los nombres se presentan conforme al orden de folios, atribuido a la Comisión de Justicia. Las reseñas contienen antecedentes localizados en fuentes públicas; cuando no fue posible corroborar una trayectoria suficiente, se señala expresamente. Esa falta de información no implica que la persona carezca de experiencia.

Las reseñas son antecedentes informativos, no una evaluación de idoneidad. Para completar los perfiles pendientes y confirmar las adscripciones actuales se requieren los currículos y expedientes presentados ante el Congreso.