En Estados Unidos, hay 10 michoacanos condenados a pena de muerte, la mayoría de los connacionales han presentado el recurso de apelación a su sentencia, sin embargo, se requiere que el gobierno mexicano intervenga y revise el caso de cada paisano, procesos que se realizan en California y Texas, en su mayoría.
Lo anterior lo afirmaron los diputados Antonio García Conejo y Gustavo Avila Vázquez, presidente e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI Legislatura, quienes informaron que en los diversos casos los familiares demandan mayor intervención de las autoridades mexicanas, que los apoyen en asesoría legal y jurídica, y demandar a organismos internacionales la defensa de los derechos humanos, ya que la pena de muerte constituye una violación fragante a las garantías individuales de los mismos.
En sí, comentaron que son varios los mexicanos sentenciados a muerte en los Estados Unidos, por lo que el gobierno federal debe exigir un informe de cada uno de los casos. Los michoacanos que están presos son originarios de Zacapu, Carácuaro; Huetamo; Angangueo y Coalcomán, en otros casos, los paisanos son de padres con origen michoacano.
Ambos diputados coincidieron en que es grave la situación a la que se enfrentan miles de paisanos que radica en el vecino país del norte, ya que ante la falta de fuentes de trabajo en México, miles de migrantes han decidido permanecer en Estados Unidos, sin importar las vejaciones que vivan allá, claro ejemplo es la Ley Arizona, el secuestro de indocumentados y el caso de los 10 michoacanos condenados a pena de muerte.
En el caso de los secuestros, Antonio García y Gustavo Avila, señalaron que de acuerdo a información nacional, diariamente en nuestro país se secuestran un promedio de 54 migrantes tanto mexicanos como extranjeros en su intento por cruzar la frontera norte de nuestro país. A decir de la CNDH, se trata por lo general de secuestros masivos de decenas de personas que son obligados a trabajar como esclavos, a prostituirse o a someterse a todo tipo de humillaciones para conseguir su libertad.
En este sentido, el secuestro de migrantes se circunscribe en una extrema crueldad, la cual, se ha convertido en una práctica constante, generalmente impune y que es llevado a cabo por el crimen organizado como por autoridades.
Dichos datos se enriquecen en los indicadores de 2008 y 2009, en donde se señala por parte de la misma institución que un total de 9,758 personas han sido secuestradas en esos últimos dos años.
No obstante a lo anterior, los datos de la CNDH no concuerdan con los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública ya que dicha institución señala que son sólo 3 los casos que diariamente pasan en nuestro país y en diversos puntos.
Ante este panorama, los legisladores del sol azteca, calificaron como grave que se vulnere los derechos de los migrantes y sus familias, por lo que urge en el caso de los secuestros de migrantes que las autoridades de los tres niveles de gobierno redoblen esfuerzos para evitar este tipo de situaciones. Mientras en el caso de los connacionales condenados a muerte el gobierno federal está obligado a brindar asesoría jurídica y legal.
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